Marc Prensky es conocido por “adueñarse” de los términos nativo e inmigrante digital. El primero se refiere a aquellos que están inmersos en la tecnología y que nacieron con ella, y los inmigrantes son aquellas personas a las que les cuesta más adaptarse al mundo digital.
Incluso antes de la pandemia muchos “inmigrantes digitales” se veían obligados a digitalizarse ya sea para utilizar las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la banca electrónica o en su ambiente laboral. Aún así, la adaptación puede ser similar a aprender un nuevo idioma, lo que explica por qué muchos maestros batallan tanto con adaptarse a plataformas de aprendizaje en línea. Pero la llamada brecha generacional va más allá de la edad, también se puede dar por falta de recursos o acceso a internet.
Aunque el acceso a internet es un bien común y se busca que sea reconocido como un derecho básico para los humanos, al igual que en el caso de la ciudadanía de un país, este no siempre es garantizado. El acceso a internet tiene valores como la seguridad, la transparencia, la legalidad, la inclusión, entre otros. En este sentido, la seguridad y legalidad son fundamentales ya que uno de los mayores riesgos que sufren los ciudadanos digitales es la ciberseguridad. Debido a que el usuario sube y almacena información sensible a internet, la protección de datos es sumamente importante, de lo contrario, los pone en situaciones vulnerables y propensas a ser hackeados o chantajeados por cibercriminales.
Para ser ciudadanos digitales hay que estar conectados
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reportó que un 56 % de los latinos y caribeños usan el internet y de estos, un 45 % cuenta con internet en sus hogares, mientras que sólo el 45.5 % tiene acceso a una conexión de banda ancha. El panorama no cambia mucho al hablar de banda ancha móvil ya que sólo el 54 % de la población tiene acceso a esta, aunque la tecnología móvil en sí alcanza al 90 % de las personas.
En un reporte del 2017, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT por sus siglas en inglés) encontró que más de 200 millones de personas en Latinoamérica en edad de trabajar están digitalmente excluidos, demostrando que existe una brecha digital gigante.
En esta época de pandemia, el internet ayuda a que se garantice la continuidad de los trabajos, la educación y vida social, por lo que es urgente que se garantice el acceso a todas las personas. Para lograrlo, la UNESCO sugiere incorporar como reconocer las barreras críticas de accesibilidad, habilidades digitales y su relevancia, y crear normas en la planificación de proyectos de inclusión digital. En este último punto, incluir políticas públicas que promuevan la conectividad en las escuelas, el desarrollo de plataformas para apoyar a aquellos con poco acceso a las nuevas tecnologías, como los adultos mayores y poblaciones indígenas, además de otorgar subsidios de conectividad.
Según el Sistema Económico de Latinoamérica y del Caribe (SELA), el esquema de políticas para atacar este problema consiste en infraestructura tecnológica; infraestructura de conectividad y alfabetización tecnológica o digital. Estos tres puntos aseguran que la población podrá convertirse en una sociedad en la red, además de que promueve el desarrollo individual y social debido a su inclusión digital. De desarrollarse estas políticas, permitiría a los ciudadanos no sólo acceder a internet y contar con conexión, sino a que entiendan el lenguaje digital y dominen las nuevas tecnologías.
¿El COVID-19 nos convierte en ciudadanos digitales?
Ser un ciudadano digital significa tener acceso a internet, contar con una conexión de banda ancha, con el equipo necesario para conectarse y, sobre todo, contar con las habilidades básicas para navegar. Sobre este tema, la profesora Sofia Ranchordas señala que un dispositivo móvil no es suficiente ya que no permite al usuario tomar cursos en línea o trabajar plenamente.
En el caso de los maestros, aunque muchos han logrado adaptar sus clases presenciales al entorno digital, esto no los convierte necesariamente en ciudadanos digitales. Muchas escuelas y universidades no tuvieron el tiempo o los recursos para prepararse para la educación en línea, ni cuentan con una base de datos sobre cuántos de sus empleados o alumnos tienen o no las herramientas necesarias para continuar el ciclo escolar de manera virtual.
La COVID-19 llegó a poner fin a las dudas sobre cómo se vería la educación y el trabajo en un entorno en línea. Aunque muchas escuelas y trabajos buscaban maneras de digitalizarse o ya lo estaban haciendo, nadie estaba preparado para la cuarentena y los cambios que trajo la pandemia. Sin embargo, esta es una situación que sólo beneficia a los verdaderos ciudadanos digitales, aquellos que no sólo tienen acceso a internet, sino también a las herramientas y el conocimiento necesarios para continuar con sus trabajos, su educación y sus vidas a pesar de todo. Ojalá esta época sirva de aprendizaje sobre la urgencia de garantizar el acceso a internet como un derecho básico universal y de darle a los ciudadanos las herramientas necesarias para convertirse en verdaderos ciudadanos digitales.
Fuente: Observatorio Tec de Innovación Educativa.
